WASHINGTON, D.C. – El Departamento de Justicia anunció hoy que había llegado a un acuerdo con Arnold & Porter Kaye Scholer LLP (Arnold & Porter), un bufete de abogados nacional, y Law Resources Inc. (Law Resources), una empresa de contratación legal con sede en Washington, D.C., lo que resuelve acusaciones de que las compañías discriminaban, por motivos de estatus de ciudadanía, en los procesos de contratación.
El acuerdo resuelve acusaciones de que Law Resources, por orden de Arnold & Porter, eliminó a ciudadanos estadounidenses con doble nacionalidad y a individuos con autorización para trabajar que no eran ciudadanos de los EE. UU. como candidatos para un proyecto de revisión de documentos por motivos de su estatus de ciudadanía, en contra de la disposición antidiscriminatoria de la ley de Inmigración y Nacionalidad («INA», por sus siglas en inglés). Por otra parte, el acuerdo resuelve las acusaciones de que Law Resources tomó represalias contra una trabajadora afectada cuando ella se opuso a la restricción relacionada con el estatus de ciudadanía.
«Estados Unidos de América es la tierra de oportunidades, y el Gobierno de los Estados Unidos sigue plenamente comprometido al principio fundamental que en este país toda persona que cuente con la autorización legal necesaria para trabajar deberá tener la posibilidad de perseguir la felicidad ganándose la vida sin sufrir la humillación de ser discriminada por motivos de lugar de donde proviene. Nuestras leyes protegen este ideal de muchas maneras, entre ellos al prohibir las restricciones ilícitas a la contratación que se basen en el estatus de ciudadanía», afirmó el Fiscal General Auxiliar de la División de Derechos Civiles, Eric Dreiband. «Esperamos colaborar con Law Resources y Arnold & Porter para asegurar que sus procedimientos de contratación cumplen plenamente con la prohibición de la ley de Inmigración y Nacionalidad contra la discriminación en el empleo por motivos de estatus de ciudadanía».
El Departamento inició su investigación después de que una ciudadana con doble nacionalidad presentó una querella de discriminación contra Law Resources, lo que llevó al Departamento a dar pie a una investigación independiente de Arnold & Porter.
Según la disposición antidiscriminatoria de la INA, por lo general, es ilegal para los empleadores discriminar a alguien durante el proceso de contratación por motivos de su estatus de ciudadanía, a no ser que sea obligados a hacerlo por ley o un contrato gubernamental. El Departamento determinó que ni Arnold & Porter ni Law Resources tenían un fundamento jurídico para las restricciones relacionadas con la ciudadanía en su proceso de contratación. Asimismo, la disposición antidiscriminatoria de la INA prohíbe que los empleadores tomen represalias contra trabajadores porque estos se hayan opuesto a una conducta ilícita por parte del empleador o a cualquier otra conducta que ellos crean, por motivos fundados, que constituye discriminación ilícita.
Las investigaciones concluyeron que Arnold & Porter y Law Resources implementaron una política de excluir a personas con doble nacionalidad e individuos con autorización para trabajar que no eran ciudadanos de los EE. UU. a la hora de reclutar y contratar a empleados temporales para trabajar en un proyecto de Arnold & Porter de revisión de documentos en otoño del 2018. La investigación del Departamento halló que Arnold & Porter malinterpretó los requisitos de los Reglamentos para el Tráfico Internacional de Armas. Asimismo, las investigaciones concluyeron que, después de que la querellante se opuso a la restricción que tiene que ver que el estatus de ciudadanía, Law Resources, por su cuenta, tomó represalias en su contra al agregarla a una lista de personas que no serían contratadas en el futuro.
Conforme los términos del acuerdo conciliatorio, Arnold & Porter y Law Resources pagarán una sanción civil que asciende a 56.500 $ por las acusaciones de discriminación por motivos de estatus de ciudadanía. Law Resources pagará por separado una sanción civil de 3.000 $ y ofrecerá 11.875 $ por concepto de pagos retroactivos a la trabajadora afectada con el fin de resolver las acusaciones de represalias. Juntas, las compañías contribuirán 55.000 $ a un fondo de pagos retroactivos para otros trabajadores afectados, capacitarán a los empleados relevantes acerca de la disposición antidiscriminatoria de la INA y se someterán a la supervisión del Departamento durante dos años.
La Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados («IER», por sus siglas en inglés) de la División de Derechos Civiles es responsable de hacer cumplir la disposición antidiscriminatoria de la INA. La ley prohíbe la discriminación por motivos de estatus de ciudadanía y nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido o reclutamiento o recomendación por comisión; prácticas documentales injustas; represalias o la intimidación.
Para aprender más sobre la labor de la IER y cómo conseguir ayuda, vea este vídeo corto. Aquellos aspirantes o empleados que creen haber sido discriminados por motivos de su estatus migratorio o de ciudadanía, o bien por su nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido, reclutamiento o verificación de la elegibilidad para trabajar (Formulario I-9 e E-Verify) o sometidos a represalias pueden presentar una denuncia. El público también puede llamar a la línea directa de la IER para trabajadores al 1-800-255-7688; llamar a la línea directa de la IER para empleadores al 1-800-255-8155 (1-800-237-2515, TTY para personas con discapacidades auditivas); enviar un correo electrónico a IER@usdoj.gov; inscribirse a un seminario en línea gratuito; o visitar los sitios web de la IER en inglés o español. Para recibir las últimas noticias de la IER, inscríbase a GovDelivery. Miembros del público pueden informarnos de posibles vulneraciones de derechos civiles mediante el portal de declaraciones de la División de Derechos Civiles.
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